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El CGPJ establece el régimen de notificaciones de las resoluciones judiciales durante la vigencia del estado de alarma


| 21/04/2020 | 12:00

Madrid, 20 de abril de 2020


Los órganos judiciales podrán notificar las resoluciones que dicten, pero en los procedimientos no declarados esenciales la notificación no dará lugar al levantamiento de los plazos suspendidos.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado
hoy autorizar a los órganos judiciales la adopción de las medidas necesarias
para proceder a la notificación de las resoluciones que dicten en los
procedimientos en curso, tanto si se trata de los declarados esenciales como
si forman parte de cualquier otro, y tanto si se trata de resoluciones de
trámite como de las que ponen fin al procedimiento.

No obstante, cuando se trate de resoluciones dictadas en el seno de
procedimientos no declarados esenciales la notificación que se practique no
dará lugar al levantamiento de los plazos que fueron suspendidos en virtud
de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declaró el estado de alarma.

Esas notificaciones, así como los actos procesales que sean objeto de las
mismas, se realizarán en todo caso de forma telemática, salvo que por
circunstancias excepcionales el órgano judicial o el destinatario del acto de
comunicación no disponga de medios materiales para ello.

Además, cuando las resoluciones notificadas den lugar a un plazo que no se
encuentre suspendido por tratarse de uno de los supuestos declarados
urgentes o esenciales, resulta aconsejable que esta circunstancia se haga
constar expresamente en la propia resolución.

La Comisión Permanente explica que el levantamiento de las limitaciones a la
presentación de escritos procesales a través de medios telemáticos acordada
el pasado 13 de abril conlleva un aumento significativo en la tramitación de procedimientos judiciales, circunstancia que exige la adopción de las medidas
acordadas hoy a fin de atender la necesidad de notificación de las resoluciones generadas.

Ese incremento de la actividad, en cualquier caso, no puede implicar una
mayor afluencia física presencial en los órganos judiciales que ponga en
riesgo la salud de las personas, debiendo atenderse las recomendaciones que
la autoridad sanitaria vaya estableciendo en cada momento.

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